El arbitraje constituye una vía alternativa a los procesos judiciales tradicionales para la resolución de disputas. Se trata de un mecanismo al que las partes involucradas pueden recurrir de manera voluntaria y consensuada, con el fin de resolver conflictos que sean susceptibles de ser objeto de transacción. Estas controversias pueden ser tanto actuales como potenciales, es decir, pueden haberse presentado ya o preverse en el futuro. A través del arbitraje, las partes acuerdan someter sus diferencias a la decisión de un tercero imparcial, que puede ser un árbitro independiente o un tribunal arbitral administrado por una institución especializada. Este método se caracteriza por su flexibilidad, confidencialidad y, en muchos casos, por una mayor rapidez en comparación con los procedimientos judiciales ordinarios.
Tanto las personas naturales como las personas jurídicas que tengan capacidad legal para transigir pueden someterse al arbitraje.
En otras palabras, toda persona —sea individual o representando a una entidad legal— que esté facultada por la ley para celebrar acuerdos y resolver conflictos mediante la transacción, también puede optar por el arbitraje como medio alternativo para resolver sus disputas. Esto se debe a que el arbitraje, al igual que la transacción, implica la disposición voluntaria de derechos disponibles, y por lo tanto requiere que quienes participen tengan capacidad para disponer de esos derechos legalmente.
Esto se debe a que el arbitraje, al igual que la transacción, implica la disposición voluntaria de derechos disponibles, y por lo tanto requiere que quienes participen tengan capacidad para disponer de esos derechos legalmente.
Este principio está reconocido en muchas legislaciones y normas de arbitraje, que establecen como requisito básico para someterse al arbitraje la capacidad de las partes para transigir. Además, este mecanismo permite a las partes evitar los tribunales ordinarios y resolver sus controversias de forma más rápida, confidencial y especializada.